Una externalidad se produce siempre que una persona o empresa realice una actividad que afecta al bienestar de otros que no participan en la misma, sin pagar ni recibir compensación por ello. Internalizar una externalidad, positiva o negativa, supone cuantificar e integrar sus costes en la actividad económica, es decir, incluir en el cálculo económico total, el valor que tiene, por ejemplo, la pérdida o la ganancia de un recurso y, en su caso, la reparación del daño causado.
Entre las externalidades negativas destacan la contaminación del medio y sus repercusiones en la salud, cuyo coste real es extremadamente difícil de calcular ya que en la mayoría de las ocasiones se desconocen incluso los verdaderos efectos. Aunque insuficientes, existen tasas o impuestos ecológicos.
Por el contrario y debido al entorno en el que se desarrollan, su organización estructural y sus métodos productivos, las actividades tradicionales ligadas al sector agropecuario en zonas de alto valor natural generan externalidades positivas, a menudo considerados bienes y servicios públicos (biodiversidad, control de la erosión, sumideros de CO2...). Para algunas de ellas, los poderes públicos ya contemplan dispositivos de retribución (II pilar PAC) cuyo objetivo es compensar el sobre coste que supone a los agricultores y ganaderos ofrecer un nivel de servicio ambiental superior a la referencia legal. No obstante, este sistema parece insuficiente. Los indicadores señalan una tendencia a la degradación de estos bienes públicos coincidente, sin embargo, con un incremento de la demanda social de dichos bienes.
